Manotazos de ahogado

Señor Director:

A raíz del caso Democracia Viva, que ha golpeado a Revolución Democrática, uno de los partidos fundantes del Frente Amplio, la izquierda ha intentado reflotar la discusión de Estado subsidiario, versus Estado interventor.

Se ha señalado, entonces, que este hecho lamentable, que se investiga en sede penal, se origina en un Estado que encomienda a organizaciones de la sociedad civil la ejecución de ciertas tareas, por su experiencia, traspasándoles fondos públicos para tal efecto. Y, por tanto, que si esas tareas fueran ejecutadas directamente por el Estado no habría espacio para la corrupción.

Es legítimo sostener una visión de Estado interventor. Tenemos suficientes antecedentes, sin embargo, para entender que esa versión de lo que ha ocurrido responde a la intención de justificar un posible delito. El caso de Democracia Viva no surge por la delegación de un programa de asistencia y mejoramiento de los campamentos en una fundación, sino porque un grupo de militantes de uno de los partidos ancla del Gobierno vio en ello una oportunidad para obtener recursos, mediante los cuales financiar una carrera política o ‘apitutar’ amigos durante el período de gobierno.

Acaso si el propio Estado efectuara las actividades externalizadas a la fundación, ¿no habría robo o fraudes? Hemos conocido suficientes casos de corrupción, de complicidad con proveedores para abultar los costos, entre otras maniobras, como para sostener esa interpretación, en la que probablemente hay una dosis de ingenuidad y otra de ideología.

La tesis de que este eventual fraude se habría gestado porque el Estado no tiene el tamaño suficiente para acaparar todas las tareas públicas que demanda Chile, parece un manotazo de ahogado. Huele a un intento por justificar los hechos que rodean a Democracia Viva y a otras fundaciones ligadas a Revolución Democrática y, de paso, desacreditar la subsidiariedad.